lunes, 29 de septiembre de 2014

¿PARA CUÁNDO UN GOBIERNO RESPONSABLE?

Los españoles arrostramos diversos y a la vez muy contrarios marchamos de identidad.

Desde belicosos y primitivos asilvestrados, a épicos héroes de leyenda, el espectro es amplísimo y multicolor, pero de cobardía genética jamás se nos ha denostado, al menos que yo pueda recordar de entre las infinitas diferentes interpretaciones que de nuestras ya ancestrales efemérides se han podido plasmar.

No alcanzo a entender, por tanto, las razones, reales, por las que los ya numerosos gobiernos (de supuesto contrario color político) en nuestro país, vienen volviendo sus miradas, ante el inevitable y necesario juicio del vergonzoso pasado genocida franquista.

Resulta auténticamente ignominioso el acuerdo político que posibilitó la llamada Ley de Amnistía de 1.977; esa inconsecuente ley fue una rotunda traición (otra más) de los desafortunadamente denominados partidos de izquierda españoles (eso sí, titulares laureados del "establishment" oficial).

Evidentemente, fue la ostentación de esta Ley y sus articulados argumentos la que vino a justificar Ana María Menéndez (embajadora de España en la ONU), haciendo, cómo no, especial hincapié en señalar que ésta fue votada por un amplio apoyo social (?) y con absoluto consenso político (ésto vergonzosamente cierto); éste fue el único argumento que nuestra ínclita representante presentó ante los requerimientos que le hicieron en tal foro internacional a favor de incoar las pertinentes investigaciones sobre las supuestas violaciones de derechos humanos y de genocidio perpetrados por parte del régimen franquista.

El Relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, critica que España no haya resarcido aún a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista. Y pide la remoción, o "resignificación" de los monumentos franquistas, en especial del Valle de los Caídos.

España tiene espacio legal para abrir causas judiciales respecto a violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, según dicho Relator de Naciones Unidas, sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

Este documento de la ONU sigue la línea defendida por nuestro defenestrado juez, Baltasar Garzón, quien compareció ante este mismo Comité para defender que las desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo son delitos permanentes, que no prescriben.

En una rueda de prensa, De Greiff asumió que "es cierto que en la sociedad española hubo una movilización muy fuerte en la Ley de Amnistía", aunque destacó el objetivo primigenio de la misma: "la Ley fue primordialmente concebida para sacar de la cárcel a quienes fueron hechos prisioneros por el régimen. Leyendo las actas de los debates parlamentarios queda claro que la introducción de un artículo que le daba inmunidad legal a los oficiales franquistas fue una discusión tardía", señaló.

Este citado Relator de la ONU aseguró que "el debate no debería centrarse sobre los detalles históricos de la Ley, sino sobre cuáles son las interpretaciones defendidas de esa ley en el momento actual de España". "Y parte del punto que hago en el informe es que hay interpretaciones que se ajustan a los requisitos del derecho y que permiten al sistema judicial ser accesible a las demandas de justicia de los ciudadanos". "Y estas no son interpretaciones estrambóticas, ni desconocidas, sino que incluso cortes españolas las han aplicado, como queda perfectamente claro en los casos de Scilingo y Pinochet", explicó De Greiff.

"Estos últimos casos fueron decididos por tribunales españoles, donde aún enfrentando leyes de amnistía como las de Argentina y Chile, los jueces encontraron una forma perfectamente razonable y defendible de hacer compatible las vigencias de estas leyes y la posibilidad de iniciar investigaciones judiciales en contra de los causados", aseveró el Relator.

Respecto a otro de los puntos que aborda dicha Ley de Amnistía española, el de los símbolos, De Greiff considera que "son especialmente dolorosos para las víctimas porque vanaglorian al régimen que violó sus derechos".

"La fortaleza de las instituciones democráticas queda mucho más reflejada en la forma como se abordan positivamente las peticiones de los ciudadanos que en su capacidad de dejar ciertos temas fuera de la agenda pública", concluyó De Greiff.

Jueces para la Democracia ha denunciado que el Gobierno obstruye e incumple lo establecido en la Ley de Memoria Histórica.

Me niego a pensar que es COBARDÍA la auténtica razón de tan reiterativa y recalcitrante negativa de nuestros electos gobiernos a iniciar el imprescindible juicio a los crímenes de guerra y genocidio del régimen franquista. Resultaría auténticamente vergonzoso para los titulares de estos equipos ministeriales sean otras instituciones internacionales quienes les obliguen a incoarle (¿la Corte Penal Internacional de La Haya, acáso?).

Aunque excesivamente manido, no por ello desdeñable:

"UN PAÍS QUE OLVIDA SU HISTORIA ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA"