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España, en los últimos tiempos, viene presentando sus mayores déficits públicos, y todo ello y sorprendentemente, bajo exclusivo imperio neoliberal (para mayor personal bochorno de nuestro ínclito expresidente Aznar, quien orondo él, presumía de su personalista autoría al airearnos haber logrado, bajo su mandato, un excepcional superhávit estatal).
Según los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y aplicada ya la actual metodología (introduciendo nuevos elementos de cálculo: cómputo de la I+D+I -teniendo como base 2.010-, más actividades ilegales, tales como la droga y la prostitución) que ha elevado el Precio Interior Bruto a 1.064.334 millones de euros y que ha hecho reducir, por tanto, el porcentaje de deuda, ésta aumentó hasta el 94.9% del PIB.
Es decir que, según actualizada estadística del Banco de España, el pasivo del conjunto de las Administraciones Públicas alcanzó los 1.010.028 millones, cerca del máximo alcanzado en junio pasado, cuando llegó a los 1.012.606 millones.
Ante cifras tan abrumadoras y aún desconociendo los más básicos principios de Economía, no me queda más que cuestionarme si todo este monto de gasto público español está suficientemente justificado.
Me pregunto hasta qué punto nos son realmente precisas determinadas instituciones, tanto de ámbito estatal, como autonómicas, o locales.
¿Resultan efectivamente imprescindibles nuestras arcaicas Diputaciones Provinciales?, ¿nuestro improductivo y sofisticado Senado?, ¿tanto Consejo: de Estado, Consultivos Comunitarios y/o Municipales?; al menos no se harían más recomendables otros emolumentos mucho más contenidos y racionales para los titulares de dicha multiplicidad consejera?.
Solo el Consejo de Estado le cuesta al erario público la friolera de 10.4 millones de euros y respecto a los Consejos aureoladamente denominados "Consultivos Comunitarios" se les destina un global aproximado de otros 22 millones (así se reconocen de "satisfechos", el señor Zapatero y más recientemente nuestro "aplaudido" exministro de Justicia, Sr. Gallardón).
¿Nos hemos planteado, en serio, la opción de eliminar aquéllas instituciones que demostradamente resulten prescindibles, y/o ajustar más racional y contenidamente el coste del mantenimiento de aquéllas otras que sí se verifiquen suficientemente útiles?. ¿Cuánto podríamos ahorrarle a nuestras tan depauperadas arcas estatales?.
Al evocar esos magros, arcanos y paradisíacos destinos institucionales (prácticos jardines de retiro, aparentemente creados para el merecido descanso del "guerrero") de nuestros ex-profesionales de lo público -expresidentes nacionales, autonómicos y exministros- y recordando sus correspondientes, para nosotros, más que enteléquicos salarios, no me resta sino el más absoluto y abominable rechazo; me parece auténticamente insultante y obsceno.
¿Qué racionales privilegios han de corresponderles a estos elitistas personajes una vez terminadas sus responsabilidades oficiales? ¿en nombre, o en base a qué supremos principios de justicia, o equidad?; ¿acaso no fueron suficientemente remunerados durante su ejercicio electo?. ¿En qué devienen a diferir, en definitiva, del resto de mortales cuando llegamos a alcanzar nuestros también merecidos emeritajes?.
Insisto, una vez más, en la multiplicidad de "entuertos a enderezar" pendientes en este encarecido y cainita país. Nuestros próximos y confío que muy distintos representantes tienen un muy complejo panorama por delante. Les espera una ardua tarea, será un auténtico reto para sus inteligencias, pero también necesitarán de contar con muy pertinaces voluntades para conseguir los radicales cambios que la España estructural precisa.
Mis mejores ánimos para ellos.
