sábado, 11 de abril de 2015

ESPAÑA, ¿ESTADO DE EXCEPCIÓN?

La Corte Penal Internacional, por medio del Estatuto de Roma (17.07.1.998), define como crímenes de lesa humanidad aquéllas conductas o acciones tipificadas como: asesinato, deportación, exterminio, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, raciales, étnicos, ideológicos, secuestro, desaparición forzada, o cualquier otro acto carente de humanidad y que cause severos daños, tanto psíquica como físicamente y que además sean cometidos como parte de un ataque integral o sistemático contra la comunidad.

La Corte Penal Internacional es el tribunal permanente encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la Humanidad, genocidios y crímenes de guerra.

Durante muchos años (de supuesta paz) el régimen franquista cometió infinidad de crímenes merecedores de tal apelativo. Crímenes que han permanecido impunes por la cobardía e imperdonable desidia (¿o cierta mínima complicidad?) de "orondos" democráticos gobiernos de aparente diferente signo político.

No obstante, las hemerotecas nos muestran algunos dignos ejemplos perfectamente imitables para nosotros, ya que determinados tribunales sí han juzgado y sentenciado a los titulares y secuaces de algunos de estos deshumanizados despropósitos históricos ...todavía pudiéramos estar a tiempo.

Un Tribunal Internacional Militar sancionó en Nüremberg las responsabilidades de dirigentes, funcionarios y colaboradores del régimen nacionalsocialista del III Reich alemán (crímenes y abusos contra la Humanidad)-20.11.1.945; 01.10.1.946-.

La Haya también procesó a 161 personas acusadas por el Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia.

La justicia argentina condenó a cadena perpetua a quince militares retirados y 21 civiles por violación de derechos humanos (genocidio perpetuado durante la última dictadura cívico militar).

El exdictador Pinochet (de muy triste recuerdo para nuestros hermanos chilenos) fue igualmente procesado, paradógica y sorprendentemente para muchos, en España, en virtud del principio de justicia universal. En este caso, aunque se libró de ser juzgado por "motivos médicos", no pudo eludir el baldón y reproche públicos de toda la comunidad del orbe civilizado, de la efectiva orden de captura internacional, ni del correspondiente decreto de prisión incondicional.

No fue tampoco ejemplarizante el sistema de justicia de Guatemala para con el caso Ríos Mont y "los suyos". En esta ocasión intervino igualmente la Audiencia Nacional Española aceptando la denuncia personal de la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. El prolongado y muy dificultoso procedimiento judicial sufrió diferentes avatares y períodos dilatorios, apelaciones y recursos inacabables para finalmente recibir el oprobioso fallo de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca que consideraba incompetente al Alto Tribunal español para juzgar a sus ciudadanos. Aquí, de nuevo, el rechazo internacional ante tal "mascarada judicial" fue unánime, incluida la propia ONU.

Pues bien, al parecer nuestros tan "justicieros" gobiernos para con los demás, vuelven la cara una y otra vez ante las reiteradas y diversas reclamaciones internacionales en pro de incoar, de una vez por todas, el correspondiente y absolutamente justificado proceso judicial contra el denominado "período del terror español" (sinónimo de régimen franquista).

Lo más reciente ha sido la denegación oficial de nuestro actual Gobierno a la Interpol (a la cual pertenecemos) a aceptar las órdenes de detención para determinados exministros de aquélla nefasta época, reclamados en este recíproco caso, por la justicia argentina. Su argumento jurídico, a semejanza de aquél otro ya citado de Guatemala, es que las órdenes de Interpol no son vinculantes, ya que se prima el derecho interno de cada país, y los acuerdos de extradición firmados entre las naciones implicadas ...(¿será acaso que pretenden nuestros propios tribunales juzgar este genocidio español?).

Item más y por ende, nuestro "impertérrito" Gobierno añade que "existía, además, un precedente, ya que en la misma causa, instruida por la justicia argentina, las autoridades españolas habían denegado la extradición de otros ciudadanos españoles" (Muñecas, Galván Abascal, Giralte González y González Pacheco, alias "Billy El Niño").

Al parecer esta es otra de las mejores fórmulas para promocionar la "MARCA ESPAÑA" ...así nos luce el pelo ...Y LA DESVERGÚENZA.




viernes, 10 de abril de 2015

¿PARA CUÁNDO LA VERDADERA SEPARACIÓN DE PODERES'

Trias politica (separación de poderes) "es una ordenación y distribución de las funciones del Estado, en la cual la titularidad de cada una de ellas es confiada a un órgano, u organismo distinto ...es uno de los principios que caracterizan el Estado de Derecho moderno". -Wikipedia.

No me canso de repetirlo: la Ilustración europea no hizo "parada" en España. Su felona monarquía de turno lo impidió; un incremento cultural en sus "dominios" le habría sido contrario a sus muy particulares intereses.

La Ilustración francesa (Siglo de las Luces) tan cercana como peligrosa, significó para España el "Siglo de las Sombras" -otro más-. Ilustrados filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau, junto a otro más de un centenar de colaboradores, compendiaron en aquélla época la célebre Enciclopedia francesa, editada por Diderot y D'Alembert (1.751-1.766) y que ya recogía, entre otras fundamentales enseñanzas, la pertinencia y sus porqués de la separación de los poderes de los Estados modernos; edición evidentemente prohibida en nuestro todavía "inmaduro" país.

Mientras esto ocurría a muy pocos kilómetros de la frontera pirenaica, los escasos ilustrados españoles que, ilusos, llegaron a confiar en que fuera la propia Corona la impulsora de la modernización cultural, social y económica, pudieron muy al contrario comprobar, incrédulos y sorprendidos, cómo ésta utilizó sus propuestas para lograr que su poder fuera -aún más- incontestado y sin ningún tipo de cortapisas (no eran admisibles aquéllas reformas, toda vez que pondrían en riesgo la estabilidad "conveniente" para el perfecto mantenimiento del entramado del ancien régime).

Es decir, que la campaña reformista de los ilustrados tuvo que detenerse ante los privilegios de las clases dominantes, ante las estructuras del régimen absolutista y ante los anatemas de las autoridades eclesiásticas.


Aunque el absolutismo monárquico pertenezca a pretéritas épocas de nuestra nociva historia, la ancestral ausencia pedagógica jurídico-estatal española hace que todavía a la presente data no nos es posible demostrar una verdadera separación de poderes en nuestro supuesto democrático Estado.

Esta ya no tan joven práctica democrática hispana (en realidad partitocracia), viene desde el principio, sufriendo una evidente perversión, en este particular caso en aras al intento -permanente- de controlar el Poder Judicial desde el Ejecutivo, objetivo que hasta ahora tan solo ha estado al alcance y en manos de la derecha política. 

Cuando no se respeta la independencia judicial, cuando se pretende influir en los nombramientos judiciales, se incumplen las promesas electorales y se quebrantan los derechos y garantías esenciales de la ciudadanía.

A pesar de los varios previos intentos legislativos por parte de la supuesta "progresía" política -en su turno de mandato- cambiando los métodos de elección de jueces y magistrados, ahora mismo reivindicado, sin miedo, por el neoliberal Gobierno actual (que la mayoría del órgano de los jueces sea elegido por el propio Poder Judicial), lo cierto es que con ello no llegaría tampoco a conseguirse el suficiente ideológico equilibrio de fuerzas en su seno.

Tal vez (solo tal vez) cabría alguna posibilidad de acercar cierta equiparación numérica representativa en nuestra máxima Institución Judicial si se lograra fuera el Parlamento quien eligiera a sus miembros (supuesta y teórica capacidad de soberanía popular).

Esta sería otra más de las posibilidades a nuestro alcance, real, en las inmediatas oportunidades electorales que el horizonte próximo nos ofrece ...¡ OJALÁ NO LO DESAPROVECHEMOS!.









lunes, 6 de abril de 2015

EL NEOLIBERALISMO DEVASTADOR

Parece difícil admitir que el mercantilismo neoliberal pueda dar prevalencia al negocio por encima de la salud humana.

Pero la reciente publicación del informe "El impacto de la crisis en los derechos fundamentales de los Estados miembros de la U.E." nos ofrece esta crudeza irrefutable.

Dicho documento, elaborado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, no se anda con remilgos, asegurando que la crisis económica además de empobrecer, de forma generalizada, a los pueblos de Europa (prioritariamente sureños), ha supuesto una merma total de libertades sin precedentes en la democracia occidental (último ejemplo español: la llamada "Ley Mordaza").

Este mismo informe nos señala, además de la identificación del origen especulativo y de un "espurio" modelo productivo español basado en el "ladrillo" (fruto de los sucesivos gobiernos del bipartidismo español y sus respectivas decisiones), por la reforma del Artículo 135 de nuestra Constitución, por el descarado desfalco de las Cajas y el escándalo de Bankia, por la dinamitación del status quo de la clase trabajadora (centenares de ERE), por los imparables y salvajes deshaucios, etc; como consecuencia directa de las políticas de recortes y del autoritarismo legislativo, en suma.

Ya en su primer capítulo dice: "Las políticas de austeridad han llevado a la desigualdad creciente en España".

Respecto a la educación en nuestro país, este estudio concluye que los recortes en educación llevan a "un declive en la igualdad dentro del sistema educativo, así como en su calidad".

Las sucesivas reformas laborales del PSOE y del PP han producido "un impacto doloroso sobre los trabajadores y sus familias".

Y, sobre todo, el informe critica duramente el apartheid sanitario instaurado en el Estado español. Las medidas del PP no solo generan desigualdad social, sino que están poniendo en peligro la salud pública con un exponencial incremento de riesgo en enfermedades epidémicas hasta ahora perfectamente controladas (la tuberculosis ha llegado a los 5.000 casos anuales -por encima de la media europea-).

El neoliberal gobierno español (actual responsable legislativo) ha resuelto, sorpresiva y muy recientemente, readmitir a nuestros inmigrantes ilegales en la Atención Primaria ...¿pero cómo?.

De momento continuarán sin disponibilidad de la tarjeta sanitaria, preceptiva entre otras cosas, para la obtención de las necesarias recetas oficiales de la SS, (parcialmente subvencionadas) lo que implica una atención sanitaria a medias y desde luego insuficiente.

El Ministerio de Sanidad, por boca de su máximo responsable se justifica: "A los inmigrantes, a cada uno de ellos, no les supone un grandísimo esfuerzo porque las recetas que les damos son para medicamentos con genéricos asequibles" (pues como a "cualquier otro hijo de vecino" español, hombre -1-). Pero ¿a quién trata de engañar tan ínclito personaje?.

(-1-) Para divulgación pública aclararé que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decidió (como otra medida de ahorro para las arcas de la sanidad española) que los médicos deberán prescribir medicamentos por su principio activo y no por su marca comercial, lo que para algunos puede poner en entredicho, de nuevo, las auténticas garantías de los medicamentos genéricos como sustitutos de los registrados como originales (-2-).

(-2-) Los medicamentos genéricos han de demostrar previamente, al menos, la misma eficacia terapéutica y una biodisponibilidad equivalente a los medicamentos de marca, pero lo cierto es que en la actualidad a estos fármacos llamados genéricos la ley les permite sean fabricados con una variación de un +/- 20% de biodisponibilidad respecto de los de investigación. Los genéricos son efectivamente más baratos, pero globalmente sus respectivos precios no resultan, de hecho, tan equidistantes toda vez que los Laboratorios descubridores de la sustancia primaria, en aras a evitar pérdidas de "mercado", se han visto obligados a rebajar los precios de sus productos, a veces muy drásticamente (lo cual no quiere decir, para nada, reducción importantísima de beneficios netos para ellos).

Toda esta desoladora panorámica asistencial española impondría que, una de las más prioritarias medidas que los próximos nuevos representantes parlamentarios deberán tomar es devolvernos la absoluta universalización de atención sanitaria (para toda la población); eliminar todo tipo de copago. farmacéutico; desarrollar un verdadero Plan Integrado de Salud Nacional y de sus CCAA y una  reformulación de la Ley General de Sanidad, entre otras necesarias medidas consecuenciales.

CONFIEMOS ENTONCES EN UN MAYOR ACIERTO ELECTORAL. OCASIONES PRÓXIMAS NO NOS FALTARÁN ... 





  
















jueves, 2 de abril de 2015

"LEY MORDAZA", ¿RENOVADA LEY DE ORDEN PÚBLICO?

..."De aquéllas lluvias, estos lodos".

España, efectivamente, sigue siendo especialmente peculiar, carecemos de parangón posible.

Recientemente y también en otro de mis artículos venía a recordar que esta tan  específica castiza "derechona" que nos ha vuelto a gobernar (es decir, los hijos, nietos y demás herederos franquistas) presionó hasta con la amenaza de un golpe de Estado para lograr "borrón y cuenta nueva" para aquéllos indeseables cincuenta pasados años, logrando así, holgadamente, este principal propósito.

Pues bien, el olvido de aquél prolongado oprobio que los timoratos negociadores de la llamada Transición aceptaron (auténtica "bajada de pantalones"); la pactada ausencia de Ruptura Política (ortodoxo precepto a cumplimentar, tras la muerte del Dictador Franco); la renuncia (reiterada e inconsistentemente justificada) del seguido y pertinente enjuiciamiento internacional por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Régimen Franquista; la gratuita y humillante impunidad concedida a estos "crecidos e impolutos sucesores de hoy" por nuestros partitócratas de entonces, han venido a fluidificar la vehiculización de esta tan contestada presente "Ley Mordaza".

No deberemos olvidar tampoco que, al igual que las temibles instituciones de orden público franquistas (médula espinal de aquél peculiar Régimen, por su Ley 45/1.959), también esta otra eufemísticamente denominada Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana trata de cimentar el sostenimiento de las predecibles tropelías que el actual neoliberal gobierno pueda cometer en "defensa del manido y sacrosanto supuesto Orden Público" (bien social prevalente en toda convivencia pacífica -según su propio argumentario-).

Al igual que en esos onerosos pasados años, estos nefastos electos gobernantes vigentes, tratan de rectificar leyes a su particular conveniencia para mayor seguridad y comodidad en su quehacer cotidiano. Para su mayor libertad ejecutiva; es decir refuerzan las autoridades gubernativas, sobre todo en el ámbito sancionador, para coartar cualquier tipo de protesta pública. Vendrían a justificar, jurídicamente por tanto, atropellos y arbitrariedades varias, acotando drásticamente los derechos civiles y sobre todo políticos ciudadanos.

En la tribuna de la máxima representación política española (Congreso de los Diputados) toda la oposición ha denunciado el contenido de esta norma. Expresiones como "represión", "barra libre para la policía", "ataque a las libertades", o "aberración jurídica" han sido repetidas hasta la saciedad por sus oficiales respectivos portavoces. Y todos también han prometido el cambio, o su derogación, caso de un diferente horizonte representativo próximo.

...De aquí, entre otros varios y no menores peligros, mi incansable desacuerdo con las mayorías absolutas y también con los alternantes bipartidismos prolongados.

Este troglodita panorama convivencial ¿no podría interpretarse como una vuelta al estado policial franquista?, ¿no se tratará, en verdad, de una coartada "pseudolegal" para acercarnos a un régimen autocratizado?. ¿Tendrá, tal vez en el fondo, el propósito de sustituir el control judicial por el simple y unilateral derecho administrativo?.

Las muy airadas voces de afamados juristas en contra de esta Ley, no mueven el empecinado y espurio objetivo fijado por este neoliberal y mercantilista partido gobernante. Ni siquiera las protestas de las propias Naciones Unidas por boca de sus máximos Relatores han tenido eco alguno (Maina Kiai, David Kaye, Ben Emerson, Francois Crépain y Michel Forst): "dicha ley cercena puntuales derechos ciudadanos y exhortamos a la inmediata retirada de dicha ley española para poder ejercer los derechos fundamentales y las libertades públicas, de conformidad con los estándares internacionales" ...típico prepotente comportamiento de regímenes dictatoriales.

Sinceramente confío en que a muy corto plazo los ciudadanos podamos exigir la inmediata rectificación (derogación) de tan nefasta y coactiva ley. Para ello, tampoco lo olvidemos, hemos de dotarles a otros nuevos y más creíbles representantes políticos de las armas necesarias para lograrlo: NUESTRA CONFIANZA EN LAS URNAS ...NO NOS VOLVAMOS A EQUIVOCAR.