Parece difícil admitir que el mercantilismo neoliberal pueda dar prevalencia al negocio por encima de la salud humana.
Pero la reciente publicación del informe "El impacto de la crisis en los derechos fundamentales de los Estados miembros de la U.E." nos ofrece esta crudeza irrefutable.
Dicho documento, elaborado por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, no se anda con remilgos, asegurando que la crisis económica además de empobrecer, de forma generalizada, a los pueblos de Europa (prioritariamente sureños), ha supuesto una merma total de libertades sin precedentes en la democracia occidental (último ejemplo español: la llamada "Ley Mordaza").
Este mismo informe nos señala, además de la identificación del origen especulativo y de un "espurio" modelo productivo español basado en el "ladrillo" (fruto de los sucesivos gobiernos del bipartidismo español y sus respectivas decisiones), por la reforma del Artículo 135 de nuestra Constitución, por el descarado desfalco de las Cajas y el escándalo de Bankia, por la dinamitación del status quo de la clase trabajadora (centenares de ERE), por los imparables y salvajes deshaucios, etc; como consecuencia directa de las políticas de recortes y del autoritarismo legislativo, en suma.
Ya en su primer capítulo dice: "Las políticas de austeridad han llevado a la desigualdad creciente en España".
Respecto a la educación en nuestro país, este estudio concluye que los recortes en educación llevan a "un declive en la igualdad dentro del sistema educativo, así como en su calidad".
Las sucesivas reformas laborales del PSOE y del PP han producido "un impacto doloroso sobre los trabajadores y sus familias".
Y, sobre todo, el informe critica duramente el apartheid sanitario instaurado en el Estado español. Las medidas del PP no solo generan desigualdad social, sino que están poniendo en peligro la salud pública con un exponencial incremento de riesgo en enfermedades epidémicas hasta ahora perfectamente controladas (la tuberculosis ha llegado a los 5.000 casos anuales -por encima de la media europea-).
El neoliberal gobierno español (actual responsable legislativo) ha resuelto, sorpresiva y muy recientemente, readmitir a nuestros inmigrantes ilegales en la Atención Primaria ...¿pero cómo?.
De momento continuarán sin disponibilidad de la tarjeta sanitaria, preceptiva entre otras cosas, para la obtención de las necesarias recetas oficiales de la SS, (parcialmente subvencionadas) lo que implica una atención sanitaria a medias y desde luego insuficiente.
El Ministerio de Sanidad, por boca de su máximo responsable se justifica: "A los inmigrantes, a cada uno de ellos, no les supone un grandísimo esfuerzo porque las recetas que les damos son para medicamentos con genéricos asequibles" (pues como a "cualquier otro hijo de vecino" español, hombre -1-). Pero ¿a quién trata de engañar tan ínclito personaje?.
(-1-) Para divulgación pública aclararé que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud decidió (como otra medida de ahorro para las arcas de la sanidad española) que los médicos deberán prescribir medicamentos por su principio activo y no por su marca comercial, lo que para algunos puede poner en entredicho, de nuevo, las auténticas garantías de los medicamentos genéricos como sustitutos de los registrados como originales (-2-).
(-2-) Los medicamentos genéricos han de demostrar previamente, al menos, la misma eficacia terapéutica y una biodisponibilidad equivalente a los medicamentos de marca, pero lo cierto es que en la actualidad a estos fármacos llamados genéricos la ley les permite sean fabricados con una variación de un +/- 20% de biodisponibilidad respecto de los de investigación. Los genéricos son efectivamente más baratos, pero globalmente sus respectivos precios no resultan, de hecho, tan equidistantes toda vez que los Laboratorios descubridores de la sustancia primaria, en aras a evitar pérdidas de "mercado", se han visto obligados a rebajar los precios de sus productos, a veces muy drásticamente (lo cual no quiere decir, para nada, reducción importantísima de beneficios netos para ellos).
Toda esta desoladora panorámica asistencial española impondría que, una de las más prioritarias medidas que los próximos nuevos representantes parlamentarios deberán tomar es devolvernos la absoluta universalización de atención sanitaria (para toda la población); eliminar todo tipo de copago. farmacéutico; desarrollar un verdadero Plan Integrado de Salud Nacional y de sus CCAA y una reformulación de la Ley General de Sanidad, entre otras necesarias medidas consecuenciales.
CONFIEMOS ENTONCES EN UN MAYOR ACIERTO ELECTORAL. OCASIONES PRÓXIMAS NO NOS FALTARÁN ...
